El cierre de Cine.ar en Argentina ha generado un profundo impacto en el sector audiovisual, cultural y político del país. La decisión fue confirmada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y forma parte de una política de ajuste impulsada por el gobierno nacional, que ha provocado una gran controversia y movilizaciones en rechazo a esta medida.

Cine.ar, que incluía Cine.ar TV, una señal televisiva dedicada exclusivamente al cine argentino, y Cine.ar Play, una plataforma de streaming que desde 2015 acercó estrenos, clásicos y producciones independientes de cine nacional a millones de espectadores en Argentina y el exterior, está ahora en riesgo de cerrar definitivamente. La medida representa el fin de las transmisiones de Cine.ar TV y deja en suspenso el futuro de la plataforma digital, abriendo un panorama incierto para la distribución y difusión del cine argentino en el ámbito digital, con un posible desmantelamiento o privatización de la señal y la plataforma.

El impacto laboral es significativo. Tras una reducción drástica del personal en 2024, apenas unas diez a quince personas mantienen el funcionamiento de estos servicios. El gerente general del INCAA informó a los trabajadores de planta que tendrán un plazo de diez días para optar entre un retiro voluntario o pasar a disponibilidad, mientras que los empleados contratados podrían ver renovados sus contratos solo hasta fin de año, lo que abre la puerta a despidos masivos. Esta situación ha generado gran preocupación en el gremio audiovisual y ha movilizado a diversas entidades que congregan a productores, directores, técnicos y trabajadores del sector.

Las causas económicas presentadas como justificación para el cierre han sido cuestionadas por distintos actores de la industria cultural. El INCAA señaló que operar Cine.ar TV, Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos demanda alrededor de 330.000 dólares anuales, lo que representa apenas el 0,9% del presupuesto total del organismo, estimado en más de 53.000 millones de pesos. Esta proporción mínima contrasta con la magnitud del impacto cultural y laboral que la medida provocaría, lo que lleva a pensar que la decisión responde a lógicas políticas y de ajuste más amplias, centradas en la reducción de las políticas culturales en favor de otras prioridades presupuestarias.

La medida ha sido interpretada por el sector audiovisual como un golpe directo a la circulación de películas nacionales, especialmente aquellas que provienen de sectores independientes o de provincias alejadas del circuito comercial tradicional. La pérdida de Cine.ar como espacio público y gratuito para la exhibición del cine nacional es vista como un retroceso para la accesibilidad cultural y la diversidad en la distribución de contenidos audiovisuales. Muchas obras que no encuentran espacio en salas comerciales contaban con la plataforma y la señal como su principal ventana al público, constituyendo un archivo digital de gran valor patrimonial.

En términos políticos, el cierre refleja la refundación del INCAA bajo una gestión que prioriza la privatización y el cierre de señales públicas vinculadas a la cultura audiovisual nacional. La reciente polémica generada por esta situación ha llevado a acciones de resistencia y protestas que incluyen movilizaciones gremiales y judiciales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por ejemplo, ha iniciado acciones legales para frenar el pase a disponibilidad de los empleados y proteger la estabilidad laboral, evocando precedentes en otros sectores estatales donde la justicia ha intervenido favorablemente a los trabajadores.

Además, el cierre de Cine.ar se inscribe en un contexto de políticas de ajuste económico en el país, con una tensión entre la necesidad de sostenibilidad financiera y la defensa de la cultura pública. Se denuncian prácticas financieras cuestionadas dentro del INCAA, como operaciones en bonos y letras del Tesoro, que muchos consideran una "timba financiera", situación que agrava la percepción de que la cultura está siendo sacrificada para favorecer otras prioridades estatales.

La decisión de cerrar una plataforma que ha sido fundamental para la visibilidad y promoción del cine argentino marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado gestiona sus políticas culturales audiovisuales. La incertidumbre sobre el futuro del cine nacional en el ámbito digital y la potencial pérdida de los pocos espacios públicos que garantizan la accesibilidad gratuita a la producción audiovisual preocupa a cineastas, técnicos, trabajadores y público en general. La situación está lejos de concluir y se espera que las movilizaciones y acciones judiciales generen una respuesta que pueda frenar o modificar esta medida.

En suma, el cierre de Cine.ar representa un duro revés para la cultura argentina y un fuerte golpe para el sector audiovisual, planteando interrogantes sobre las prioridades políticas y económicas del Estado en relación con la preservación y promoción del patrimonio audiovisual nacional. La resistencia del sector y de los gremios muestra que la defensa del cine argentino público continúa siendo una causa vital en medio de este complejo contexto. Esta medida no solo afecta a quienes trabajan en la industria, sino a todo el público que ve en Cine.ar una ventana única para descubrir, disfrutar y acceder al cine nacional, especialmente a producciones que no encuentran lugar en el mercado comercial tradicional.